Mexicali, Baja California, 27 de septiembre de 2026.— Una prueba de ADN realizada por una de las familias habría permitido descubrir que dos recién nacidas fueron entregadas a los padres equivocados en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 del IMSS. Según información publicada por el semanario ZETA, la familia acudió al Instituto a exigir explicaciones después de conocer el resultado.

Esta versión cuestiona la eficacia de los controles hospitalarios: las niñas permanecieron aproximadamente un mes con familias distintas a las biológicas antes de que se les comunicara la confirmación del intercambio.

El hecho habría ocurrido en agosto y fue reconocido públicamente el 25 de septiembre. De acuerdo con testimonios de familiares, la explicación recibida fue que una bebé perdió su pulsera de identificación y que esta se colocó incorrectamente.

Sin embargo, todavía no existe una cronología pública que establezca quién detectó primero la irregularidad y cuándo tuvieron conocimiento los responsables del hospital. Por ello, no puede afirmarse de manera concluyente que el IMSS desconociera el problema hasta el reclamo familiar.

Lo que la institución sí reconoció fue una segunda falla: no informó a las familias desde que surgieron las primeras dudas. Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, ofreció disculpas y anunció acompañamiento médico, psicológico y jurídico, además de investigaciones para deslindar responsabilidades.

La caída de una pulsera no explica toda la falla

Los procedimientos publicados por el propio IMSS contemplan dos pulseras para la persona recién nacida y verificaciones de coincidencia con la identificación de la madre. La investigación deberá esclarecer cómo fallaron esos controles, quién intervino en la entrega y por qué la inconsistencia no se corrigió antes del egreso hospitalario.

Las consecuencias legales podrían ir más allá de sanciones internas. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado permite reclamar indemnización por daños acreditados derivados de una actividad administrativa irregular, incluidos daños personales y morales. Las afectaciones psicológicas y los gastos ocasionados deberán documentarse y evaluarse; la disculpa institucional no resuelve por sí sola una eventual reclamación.

También están comprometidos los derechos de las niñas a la identidad, a conocer su filiación y a vivir en familia. Las autoridades deben garantizar su restitución y, si existen documentos incorrectos, gestionar las rectificaciones correspondientes.

En el ámbito administrativo deberán determinarse las posibles omisiones del personal y sus supervisores, tanto en la identificación y entrega de las bebés como en la comunicación posterior a las familias.

Una eventual responsabilidad penal requerirá acreditar conductas que encuadren en un delito. Hasta ahora, la información pública no permite afirmar que existió un intercambio intencional ni atribuir culpabilidad a una persona específica. Las acusaciones familiares de encubrimiento también deberán investigarse, sin confundirlas con una conclusión judicial.

El IMSS reconoció el error, pero quedan pendientes dos explicaciones centrales: cómo pudieron salir dos bebés con familias equivocadas y cuánto tiempo pasó entre la primera sospecha del hospital y el aviso a sus padres.