Las declaraciones del secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, encendieron nuevamente el debate sobre cómo enfrentar la crisis de adicciones y personas en situación de calle en el estado. El funcionario fue contundente: ingresar personas a centros de rehabilitación contra su voluntad es ilegal y cualquier privación de la libertad debe ser atendida por autoridades judiciales.

“Si es de esa manera estamos totalmente en contra, eso es algo ilegal”, afirmó Medina Amarillas al aclarar que la Secretaría de Salud únicamente supervisa que los centros de rehabilitación cumplan normas sanitarias y tratamientos adecuados, pero no tiene facultades para intervenir en traslados forzados o detenciones.

Sin embargo, mientras el gobierno delimita lo que no puede hacer, en las calles de Baja California ha crecido el respaldo ciudadano hacia la llamada “Patrulla Espiritual”, un grupo que recoge personas atrapadas en las drogas o viviendo en abandono extremo para llevarlas gratuitamente a rehabilitación. El caso ha generado simpatía popular porque muchos de los intervenidos terminan, meses después, completamente transformados física y emocionalmente.

La situación ha colocado a la autoridad frente a una contradicción incómoda. Por un lado, existen derechos humanos y libertades individuales que deben respetarse. Pero por otro, miles de ciudadanos observan diariamente cómo personas consumidas por las adicciones permanecen abandonadas en las calles sin que exista una estrategia gubernamental sólida y visible para rescatarlas.

Para muchos ciudadanos, el respaldo hacia la Patrulla Espiritual nace precisamente de esa percepción de vacío institucional. Mientras las autoridades advierten sobre límites legales, grupos civiles y religiosos terminan realizando una labor que el propio gobierno no ha logrado ejecutar con efectividad. Y aunque legalmente el debate sigue abierto, socialmente el fenómeno ya encontró apoyo popular.

El problema de fondo parece ir más allá de la legalidad de los anexos o los ingresos involuntarios. La discusión real es si el Estado mexicano tiene hoy la capacidad de atender una crisis creciente de adicciones, salud mental y abandono social. Porque mientras las autoridades explican por qué no pueden actuar, muchos ciudadanos ven cómo otros sí están actuando… y obteniendo resultados.