Washington D.C., 19 de septiembre de 2025 — En una jugada sorpresiva del poder ejecutivo, el presidente Donald Trump firmó una proclamación por la cual cada solicitud nueva de visa H‑1B estará sujeta a una tarifa de $100,000 dólares. Esta medida forma parte de un vuelco audaz en su política migratoria, apuntando a restringir el acceso de trabajadores extranjeros altamente calificados. 

La visa H‑1B ha sido una herramienta clave de EE. UU. para atraer talento tecnológico, de ingeniería, salud y otras áreas especializadas donde las empresas estadounidenses no encuentran mano de obra local suficientemente cualificada. Trump ha defendido la medida como un mecanismo para que las compañías “solo traigan a los mejores” y “hacer que las empresas apuesten primero por el talento local”. 

La tarifa de $100,000 no reemplaza por completo los costos que ya existen —como los honorarios legales y cargos administrativos— sino que se suma a ellos, elevando drásticamente el desembolso total que debe hacer el patrocinador del trabajador. 

¿A quiénes afecta y cómo se aplicará?

El gobierno ha aclarado (aunque con contradicciones internas) que esta tarifa se aplicará solo a nuevas solicitudes, no a las renovaciones ni a las visas ya vigentes.  No obstante, el anuncio inicial sugería que podría también implicar pagos anuales, lo que hasta ahora ha sido desmentido por voceros de la Casa Blanca. 

Otra medida acompañante es la propuesta de abandonar el sistema de lotería para asignaciones de visa H‑1B, y en su lugar implantar un método ponderado por salarios: las posiciones mejor remuneradas tendrían más probabilidades de ser aprobadas. 

También se introducirán nuevas modalidades de visa: la “Gold Card” con tarifa de $1 millón para inversionistas, y una “Platinum Card” valorada en $5 millones, con condiciones privilegiadas de residencia sin impuestos sobre ingresos extranjeros. 

Impacto esperado y reacción

El aumento ha generado temor en sectores tecnológicos, startups y medianas empresas, que dependen del talento global para innovación. Muchos advierten que el costo puede dejar fuera a quienes no puedan asumirlo, reducir la diversidad de contrapartes y empujar la deslocalización de proyectos. 

California ha puesto manos a la obra: su fiscal general analiza acciones legales contra la medida, argumentando que podría ser arbitraria y violar competencias legales.  Varios líderes del sector privado emitieron reacciones divididas: algunos apoyan la idea de “seleccionar talento premium”, otros la califican de equivocada e impredecible para la competitividad estadounidense. 

Además, se espera que la medida enfrente desafíos legales, pues las tarifas migratorias de esta magnitud suelen requerir intervención del Congreso o procesos reglamentarios cuidadosamente justificados.