En un movimiento histórico, el XXV Ayuntamiento de Tijuana, liderado por el Presidente Municipal Ismael Burgueño Ruiz, aprobó la Reforma del Poder Judicial del Estado de Baja California, convirtiéndose en el primer municipio en hacerlo. Esta reforma, impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y respaldada por el Congreso estatal, busca transformar el sistema judicial mediante la elección de jueces y magistrados locales a través del voto popular.

Aunque la iniciativa promete democratizar y transparentar el Poder Judicial, también ha generado un amplio debate. Mientras algunos celebran este paso como un avance hacia la justicia social y la participación ciudadana, otros temen que la politización del sistema judicial pueda comprometer su autonomía y eficacia.

El cabildo, en sesión virtual, señaló que esta reforma alinea la modernización del sistema judicial con las demandas de una sociedad cada vez más involucrada en los procesos democráticos. Sin embargo, voces críticas plantean interrogantes sobre los posibles riesgos de someter la justicia a dinámicas electorales y políticas.

La decisión de Tijuana marca un precedente significativo en la discusión estatal, al tiempo que resalta la complejidad del tema. Muchos ciudadanos se preguntan si esta medida realmente fortalecerá la justicia en Baja California o si, por el contrario, traerá desafíos que podrían afectar la independencia judicial.

La reforma ahora espera ser notificada al Poder Legislativo del Estado para proceder con los trámites oficiales. A medida que más municipios analicen esta iniciativa, el debate promete intensificarse, reflejando tanto las esperanzas como las inquietudes de la población ante este cambio histórico.

Este es, sin duda, un tema que mantendrá a la sociedad dividida, pero también atenta al desenlace de una medida que podría redefinir el futuro del sistema judicial en Baja California.