La tensión entre la CANACO Tijuana y el CCE Tijuana ha escalado más allá de un simple diferendo público. Lo que está en juego es el control del Sistema de Información Empresarial Mexicano, una herramienta clave para la organización, representación y conexión del sector empresarial con el gobierno.

El SIEM no implica recursos directos como un fideicomiso, pero sí algo igual o más relevante: el control del padrón empresarial. Ahí se concentra información estratégica, se establece contacto con miles de negocios y se define, en buena medida, quién tiene legitimidad para hablar a nombre del comercio organizado. En otras palabras, es una plataforma de poder institucional.

En este contexto, el CCE ha optado por una postura de contención. Con una trayectoria basada en liderazgos de largo recorrido, su enfoque ha sido preservar la interlocución con autoridades y mantener la estabilidad del sector. Más que escalar el conflicto, su señal ha sido clara: ordenar la conversación, evitar ruido innecesario y cuidar la credibilidad del empresariado como bloque.

En contraste, CANACO ha asumido un papel más visible y confrontativo. Sus posicionamientos han colocado temas en la agenda pública, pero también han generado cuestionamientos sobre el fondo y la forma. La estrategia de presión mediática, si bien efectiva para captar atención, ha venido acompañada de señalamientos que hoy pesan sobre su liderazgo.

Parte de ese desgaste tiene que ver con la percepción de una reputación bajo escrutinio. Han circulado acusaciones sobre presuntas irregularidades y sobre un posible trato diferenciado por parte de autoridades, particularmente en el ámbito de procuración de justicia. Sin que exista una resolución definitiva, el tema ha abierto dudas que impactan la credibilidad del discurso.

A ello se suma un factor que no pasa desapercibido: desde la dirigencia nacional de CONCANACO Servytur México se ha marcado distancia respecto al liderazgo local de CANACO, lo que debilita su respaldo institucional. En paralelo, dentro del entorno político y empresarial persiste la especulación de que detrás de la narrativa confrontativa podrían existir intereses externos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre.

En este escenario, el contraste es inevitable. Mientras una parte del empresariado busca mantener canales abiertos y orden institucional, otra apuesta por la exposición pública y la presión como mecanismo de incidencia. Ambas rutas tienen efectos, pero también costos, especialmente cuando la unidad del sector comienza a fracturarse.

El papel del gobierno estatal será determinante. La gobernadora enfrenta el reto de equilibrar un entorno donde no solo hay diferencias entre cámaras, sino también cuestionamientos que tocan a instituciones públicas. La forma en que se atienda este conflicto enviará señales sobre la relación futura entre autoridad y sector empresarial.

Al final, la disputa por el SIEM es más que técnica. Es una batalla por legitimidad, por representación y por control del ecosistema empresarial. Y en ese terreno, la diferencia entre ordenar y confrontar puede definir no solo quién gana esta coyuntura, sino quién logra sostener influencia en el tiempo.