Nueva Planta Desaladora en Playas de Rosarito: Un Proyecto con Fondos Públicos

La construcción de una nueva planta desaladora en Playas de Rosarito será financiada con recursos federales y estatales, marcando una clara diferencia con el proyecto propuesto por el exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, que se basaba en inversión privada, según confirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En relación a este tema, la gobernadora recordó que la cancelación del proyecto de Vega de Lamadrid, efectuada durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, no se realizó conforme a los procedimientos legales adecuados. Esta situación provocó un juicio que resultó ser costoso y trascendió a nivel internacional, aunque finalmente se pudo resolver.

La gobernadora Ávila Olmeda también mencionó que ya se tienen preparados los terrenos para la construcción de la planta, aunque prefirió no revelar el monto exacto de la inversión que se destinará a esta obra. “El agua no se privatiza, no podemos convertirla en una mercancía, es un derecho, como lo ha dicho el presidente López Obrador; el tema del agua es un reto, especialmente en el norte del país. Debemos buscar otras fuentes de abastecimiento del líquido, ya que la única vía en Baja California es el Río Colorado”, declaró.

Los terrenos destinados para este proyecto están ubicados en el Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito. Estos terrenos ya han sido adquiridos para el desarrollo de la planta desalinizadora de agua de mar, que promete ser una solución importante para enfrentar los desafíos de abastecimiento de agua en la región.

La implementación de este proyecto es un paso significativo hacia la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos hídricos en Baja California, una zona que enfrenta serios desafíos debido a su dependencia del Río Colorado. La planta desaladora no solo ayudará a cubrir las necesidades actuales, sino que también representa un esfuerzo por asegurar un suministro de agua estable para el futuro, alineado con los principios de equidad y acceso universal defendidos por la administración actual.