En un movimiento sin precedentes, el presidente de México ha decidido suspender temporalmente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, argumentando que ambos países han interferido en los asuntos internos de México al expresar su preocupación por una reforma judicial que el gobierno mexicano busca implementar. Esta decisión se enmarca en una disputa creciente sobre el impacto potencial de la reforma en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma judicial en cuestión ha sido criticada por USA y CANADA, quienes consideran que podría socavar principios democráticos fundamentales y el Estado de derecho en México. Las autoridades de estos países han expresado que, de ser aprobada, la reforma podría vulnerar algunas disposiciones del T-MEC, especialmente aquellas relacionadas con la transparencia, la independencia judicial y la protección de inversiones. La preocupación central radica en que un debilitamiento del sistema judicial mexicano podría afectar la certidumbre jurídica de las inversiones extranjeras, lo que, a su vez, pondría en riesgo el libre comercio y la cooperación económica establecida bajo el T-MEC.

El presidente mexicano ha rechazado firmemente estas preocupaciones, alegando que se trata de una injerencia indebida en los asuntos internos de México. Ha invocado la Doctrina Estrada, una política exterior mexicana que se caracteriza por el principio de no intervención y el respeto a la autodeterminación de las naciones. Según el mandatario, cualquier intento de influencia externa en la reforma judicial es inaceptable y viola la soberanía de México.

Esta situación ha generado tensiones significativas en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Tijuana, Baja California, donde la interdependencia económica y social con California es profunda. Una posible ruptura prolongada en las relaciones diplomáticas podría afectar el comercio transfronterizo, las cadenas de suministro y los flujos migratorios, exacerbando la ya tensa situación en la región. Además, la incertidumbre política y económica podría disuadir nuevas inversiones en la zona, lo que impactaría negativamente en el empleo y la economía local.

A medida que las negociaciones se estancan, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de esta crisis, que tiene el potencial de alterar el equilibrio de la cooperación regional en América del Norte. La suspensión de las relaciones diplomáticas podría ser un preludio a medidas más drásticas, lo que aumenta la urgencia de una solución diplomática que pueda preservar tanto la soberanía de México como los acuerdos comerciales fundamentales en la región.