La economía informal aportó 25.4% del PIB nacional en 2024, su nivel más alto en al menos quince años. El dato, elaborado con cifras del INEGI, confirma que uno de cada cuatro pesos que se generan en México proviene de actividades fuera del marco formal. No es una anomalía coyuntural: es una estructura que se ha ido consolidando.

Desde la óptica de Baja California, el fenómeno adquiere un peso particular. El estado combina altos costos de vida, presión inmobiliaria, salarios que no crecen al mismo ritmo y una dinámica fronteriza que empuja a miles de personas a buscar ingresos inmediatos, aunque sea en esquemas precarios. Comercio ambulante, servicios personales, autoempleo informal y subcontratación encubierta forman parte del paisaje económico cotidiano.

Los datos muestran que el crecimiento de la informalidad no se explica sólo por “evasión”, sino por exclusión. Cuando el sector informal aumenta su participación y el resto de la informalidad se mantiene estable, el mensaje es claro: el mercado formal no está absorbiendo a toda la fuerza laboral disponible. En regiones como Tijuana, Mexicali o Ensenada, la informalidad funciona como válvula de escape frente a la rigidez regulatoria, los costos fiscales y la falta de incentivos reales para formalizarse.

El problema es de largo alcance. Una economía informal tan grande implica menor recaudación, menos seguridad social, mayor vulnerabilidad laboral y una presión constante sobre servicios públicos que sí se financian con recursos formales. En Baja California, esto se traduce en tensiones adicionales sobre vivienda, agua, transporte y seguridad, justo en un contexto donde el Estado ya opera al límite.

Desde República de Baja California, la lectura es incómoda pero necesaria: la informalidad no es un fenómeno marginal ni transitorio; es un pilar silencioso del modelo económico actual. Combatirla sólo con inspecciones o discursos es inútil. Sin una estrategia integral que reduzca costos de formalización, mejore ingresos reales y entienda la lógica fronteriza del empleo, la informalidad seguirá creciendo… y sosteniendo buena parte de la economía, aunque nadie quiera admitirlo.

En Baja California, la informalidad laboral es menor que el promedio nacional, pero sigue siendo estructural. De acuerdo con la ENOE del INEGI, alrededor de cuatro de cada diez personas ocupadas en el estado trabajan en condiciones informales, principalmente en comercio, servicios y autoempleo.

La cifra es relevante para una entidad con fuerte presencia industrial y exportadora: muestra que el dinamismo económico no se traduce automáticamente en empleo formal.

En la frontera, la informalidad funciona como amortiguador ante salarios insuficientes, altos costos de vida y barreras para formalizarse, convirtiéndose en una constante que sostiene ingresos, pero precariza derechos y limita la capacidad fiscal del Estado.