Ciudad de México, 20 de marzo de 2025 — En una decisión sin precedentes en la historia democrática del país, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los topes máximos de gastos personales de campaña para las personas que busquen ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, como parte del Proceso Electoral Extraordinario que transformará el mecanismo de selección de jueces y magistrados en México.

Esta medida se enmarca en el nuevo modelo impulsado por el gobierno federal y aprobado por el Congreso, en el cual los cargos en el Poder Judicial —tradicionalmente designados por otros órganos del Estado— serán ahora sometidos a elección popular. Esta reforma busca, según sus impulsores, fortalecer la legitimidad democrática del sistema de justicia y hacerlo más cercano a la ciudadanía.

De acuerdo con el INE, los topes de gasto de campaña quedaron establecidos de la siguiente manera:

• Candidaturas a jueces de distrito: hasta $220,326 pesos mexicanos.

• Magistraturas de Tribunal Colegiado de Distrito y de Apelación: hasta $413,111 pesos.

• Magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral: hasta $881,304 pesos.

• Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), miembros del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral: hasta $1,468,841 pesos.

Estos montos fueron calculados tomando como referencia el límite de aportaciones individuales permitido en candidaturas independientes a diputaciones federales. Además, se consideró la naturaleza y el alcance territorial de cada cargo: nacional, circunscripción regional, circuito judicial o distrito.

El INE explicó que estos límites buscan garantizar condiciones equitativas entre las y los aspirantes, al tiempo que se cuida el uso responsable de recursos en un proceso inédito, que implicará importantes desafíos logísticos, legales y comunicacionales tanto para las autoridades electorales como para los propios candidatos.

Organismos de la sociedad civil y especialistas en derecho han señalado que esta apertura democrática en el Poder Judicial representa una transformación profunda que podría cambiar la relación entre justicia y ciudadanía, aunque también han advertido sobre el riesgo de politización y pérdida de autonomía judicial si no se establecen mecanismos claros de regulación y vigilancia.

Con esta resolución, el INE avanza en la preparación del proceso electoral extraordinario, previsto para llevarse a cabo en el segundo semestre de 2025. El Instituto tendrá la tarea de organizar debates, garantizar tiempos oficiales en medios y monitorear el cumplimiento de las reglas electorales para un sector históricamente ajeno al escrutinio popular.

La decisión del INE ha generado opiniones divididas entre expertos y actores políticos. Desde el gobierno federal, se ha celebrado como un paso hacia la democratización de la justicia, asegurando que la ciudadanía tendrá voz en la elección de jueces y magistrados, lo que evitará favoritismos y privilegios dentro del Poder Judicial.

En contraste, sectores académicos y organizaciones de juristas han expresado preocupación por el riesgo de que la independencia judicial se vea comprometida si las campañas se convierten en una contienda partidista. “Un juez debe responder a la Constitución, no a una plataforma electoral”, advirtió el constitucionalista José Luis Ramírez, quien alertó sobre la posibilidad de que candidatos con más financiamiento o apoyo político logren imponerse sobre perfiles más preparados, pero sin la misma exposición mediática.

Por su parte, líderes empresariales han señalado que el nuevo modelo debe garantizar que la justicia se rija por criterios técnicos y no por promesas de campaña.