La industria automotriz es uno de los pilares económicos de México, representando el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generando alrededor de 980,000 empleos directos, además de más de 3.5 millones de empleos indirectos. Sin embargo, la posible imposición de aranceles en este sector podría tener consecuencias económicas negativas significativas para el país.

Pérdida de empleos y reducción del PIB

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un incremento del 10% en las exportaciones de la industria automotriz generaría aproximadamente 25,945 empleos directos adicionales y 46,485 empleos indirectos, impulsando el PIB en un 0.3%. De manera contraria, una reducción del 10% en las exportaciones —como consecuencia de la imposición de aranceles— podría tener el efecto opuesto, eliminando esos mismos empleos y disminuyendo el PIB en la misma proporción.

Derrama económica y sectores afectados

La industria automotriz demanda insumos de 157 de las 259 ramas de actividad económica en México, lo que indica su profunda interconexión con otros sectores. Una contracción en la exportación de vehículos afectaría no solo a las ensambladoras, sino también a una amplia red de proveedores, desde autopartes hasta servicios logísticos. Esto reduciría la derrama económica en distintas regiones del país, perjudicando a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen del sector.

Menor recaudación fiscal

Si bien no hay cifras exactas sobre la contribución fiscal de la industria automotriz, su relevancia dentro del PIB y el empleo sugiere una aportación importante en términos de impuestos. Una caída del 10% en las exportaciones podría traducirse en una disminución proporcional en la recaudación fiscal, lo que impactaría el presupuesto público destinado a infraestructura, educación y programas sociales.

En resumen, la posible imposición de aranceles en la industria automotriz mexicana representa una amenaza real para la estabilidad económica del país. La reducción del 10% en las exportaciones podría significar la pérdida de más de 70,000 empleos entre directos e indirectos, una menor derrama económica y una caída en la recaudación fiscal. Esto pone en riesgo no solo a los trabajadores del sector, sino también a una amplia cadena de valor que sustenta a miles de empresas y comunidades en México.