Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el combate al huachicol fue una de las primeras banderas del gobierno. Sin embargo, tras algunas acciones puntuales en zonas con tomas clandestinas, el tema fue perdiendo presencia pública y política. El fenómeno se mantuvo, pero en sigilo.

Hoy, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el enfoque ha cambiado y el combate ha escalado a una dimensión mucho más profunda y peligrosa: el huachicol fiscal.

Este término hace referencia a la importación ilegal de combustibles (principalmente gasolina y diésel) que ingresan al país sin pagar impuestos y que se distribuyen a través de los mismos canales que utiliza Pemex, muchas veces con la complicidad de figuras de alto nivel en la política, aduanas, fuerzas armadas, sindicatos y gasolineras.

Según estimaciones recientes, este esquema de contrabando genera una evasión fiscal de aproximadamente 6.5 mil millones de dólares al año, tan solo por concepto de IEPS no reportado. Lo más grave es que el consumidor final sí paga ese impuesto cuando carga gasolina, pero el empresario o distribuidor no lo reporta al fisco, quedándose con ese diferencial en un circuito de corrupción.

Los intereses detrás del huachicol fiscal podrían ser incluso más peligrosos que los ligados al crimen organizado, al estar protegidos por redes de poder institucionalizadas.

En los últimos días, el gobierno federal ha dado dos golpes importantes:

• En Ensenada, Baja California, se decomisaron 7.9 millones de litros de diésel ilegal almacenados en una bodega. Su valor estimado en el mercado negro supera los 207 millones de pesos.

• En Tampico, Tamaulipas, fue asegurado un buque con 10 millones de litros de diésel de procedencia ilícita, con un valor en el mercado negro de aproximadamente 260 millones de pesos.

Estas acciones muestran que el gobierno está decidido a desmontar una estructura compleja que no solo afecta a Pemex, sino a las finanzas públicas nacionales. El mercado negro de combustibles representa alrededor del 30% del consumo total en México, equivalente a 340,000 barriles diarios o 54 millones de litros al día. Esto se traduce en más de 1,400 millones de pesos diarios, y más de 513 mil millones de pesos anuales en valor de mercado, que en su mayoría se mueven por debajo del radar fiscal.

La presidenta Sheinbaum ha lanzado un mensaje claro con estas acciones: no se trata solo de seguridad o economía, sino de recuperar el control sobre una estructura paralela de poder económico y político que ha operado con impunidad por años.