El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una modificación a su polémica propuesta de gravamen sobre las remesas enviadas desde su territorio, reduciendo el impuesto originalmente planteado del 5% al 3.5%. Aunque la medida representa un ajuste, continúa generando gran preocupación en México, país que en 2024 recibió más de 64,745 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa aproximadamente el 3.5% del PIB nacional.

Este nuevo impuesto del 3.5%, si entra en vigor, implicaría que México dejaría de recibir alrededor de 2,266 millones de dólares al año —es decir, casi 190 millones de dólares mensuales—. Se trata de dinero que actualmente es vital para el sustento de más de 10 millones de hogares mexicanos, principalmente en zonas rurales y marginadas.

La pérdida de estos recursos tendría impactos sociales y económicos inmediatos:
-Reducción en el poder de consumo de miles de familias.
-Presión sobre programas sociales al aumentar la vulnerabilidad económica.
-Disminución de reservas internacionales, ya que las remesas son una de las principales fuentes de divisas para el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la medida es discriminatoria y ha instruido una estrategia diplomática para frenar su implementación. En paralelo, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, mantiene contacto con legisladores estadounidenses para defender los derechos de los migrantes y el libre flujo de recursos legítimos.

En conclusino podemos ver que aunque la reducción del impuesto al 3.5% alivia parcialmente el impacto previsto, México sigue en riesgo de perder una fuente clave de ingresos. Expertos advierten que este tipo de medidas podría fomentar canales informales para el envío de dinero y desestabilizar economías familiares ya de por sí frágiles. La presión diplomática y la organización de las comunidades migrantes serán determinantes para revertir esta política antes de que se materialicen sus efectos.