El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso del Estado y exalcalde de Tijuana en uno de los momentos más críticos de inseguridad en la ciudad, presentó una iniciativa de reforma que busca incorporar el uso legal y regulado de armas de defensa no letal tanto para corporaciones policiacas, empresas de seguridad privada, como para ciudadanos capacitados, en especial quienes enfrenten riesgos reales de violencia.

La propuesta plantea actualizar el marco legal estatal para reconocer dispositivos como pistolas accionadas por gas, aire comprimido o pistón —capaces de disparar balines de goma o gas lacrimógeno— como herramientas intermedias para el control de situaciones sin llegar a intervenciones fatales. En palabras del propio legislador, se trata de “una alternativa moderna, preventiva y proporcional al uso de la fuerza”, que prioriza la integridad de todas las personas involucradas.

Una respuesta realista ante una seguridad colapsada

Ramos, quien enfrentó la violencia del crimen organizado durante su gestión como alcalde, argumenta que ante una realidad donde la fuerza letal muchas veces se usa de forma desproporcionada, es urgente dotar a las instituciones de medios menos agresivos para resolver conflictos.

“Estas herramientas no son solo para mujeres; son para policías, agentes privados y cualquier persona que pueda, con responsabilidad y preparación, ejercer su derecho a la defensa o al control de situaciones críticas sin matar”, subrayó Ramos durante la presentación de la iniciativa.

La reforma incluye ajustes a tres leyes estatales:

• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana

• Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Con esto, se busca dar un giro al enfoque tradicional del uso de la fuerza, apostando por una lógica preventiva, escalonada y con pleno respeto a los derechos humanos.

Del “Poder de fuego” al “Poder de contención”

Uno de los puntos clave de la iniciativa es el impulso a la profesionalización. La propuesta obliga a que tanto agentes públicos como privados reciban capacitación, certificación y entrenamiento específico en técnicas de resolución pacífica de conflictos, y en el uso adecuado de estos dispositivos no letales.

También se reconoce el uso creciente de estos artefactos a nivel internacional, y se toma como ejemplo la popularizada “Pistola Rosa” o “Byrna Rosa”, surgida desde Tijuana como respuesta ciudadana a la violencia, especialmente contra las mujeres. La iniciativa busca que este tipo de herramientas estén legalmente disponibles, pero bajo un control serio y profesional.

¿Más armas o mejores herramientas?

Lejos de fomentar una cultura de la confrontación, la propuesta busca dar más opciones antes de llegar al uso del arma de fuego. En un momento donde la violencia en el estado está desbordada y la confianza en las corporaciones policiacas está fracturada, esta reforma pretende ser un punto medio entre la seguridad eficaz y el respeto por la vida.

Ramos aseguró que esta iniciativa recoge propuestas ciudadanas y busca adelantarse a futuras reformas federales que ya contemplan regular estas armas no letales. “No podemos esperar más. Hay que actuar desde lo local para proteger mejor y con más inteligencia”, concluyó.