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La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el núcleo duro de su régimen no es solo un expediente judicial contra Venezuela. Es, en los hechos, un mapa detallado del narcotráfico internacional contemporáneo, y en ese mapa México aparece como una pieza central. No como un actor acusado formalmente, pero sí como territorio clave, ruta indispensable y espacio donde la corrupción política y criminal hace posible el negocio.

El documento describe una operación criminal de gran escala que se extiende desde finales de los años noventa hasta 2025. En ella, el régimen venezolano —según la fiscalía estadounidense— convirtió al Estado en un socio del narcotráfico, facilitando el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Para lograrlo, necesitó aliados armados, protección institucional y, sobre todo, países de tránsito donde la droga pudiera moverse sin mayores obstáculos. Ahí entra México.

La acusación es clara: la cocaína salía de Colombia, cruzaba Venezuela y era enviada al norte a través del Caribe y Centroamérica, para luego ingresar y cruzar México rumbo a Estados Unidos. No se trata de cargamentos aislados. El texto habla de entre 200 y 250 toneladas anuales, enviadas por mar, aire y tierra. México aparece reiteradamente como territorio de recepción, reenvío y redistribución, junto con Honduras y Guatemala, pero con un peso mayor por su frontera con Estados Unidos.

El documento va más allá del simple tránsito geográfico. Afirma que este sistema solo funciona porque en los países de paso —México incluido— existe una cultura de corrupción política. Políticos y autoridades, sin nombres ni siglas partidistas, reciben pagos del narcotráfico para permitir el paso de la droga, garantizar protección y evitar decomisos. El señalamiento es estructural, no anecdótico: sin esa corrupción, dice la acusación, el volumen de cocaína descrito sería imposible.

México también aparece vinculado de forma directa a los cárteles señalados como socios del régimen venezolano. El texto menciona explícitamente al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas —hoy Cártel del Noreste—, organizaciones mexicanas que controlan rutas, cruces fronterizos y distribución en Estados Unidos. Estos grupos no son presentados como actores secundarios, sino como engranes esenciales del sistema, responsables de mover la droga desde Centroamérica y México hasta el mercado estadounidense.

Uno de los episodios más delicados ocurre en territorio mexicano. La acusación recuerda el caso del avión DC-9 cargado con más de 5.5 toneladas de cocaína, que salió de Venezuela y fue asegurado en Campeche. Tras el decomiso, según el documento, se pagaron sobornos millonarios para evitar consecuencias políticas y judiciales para los funcionarios venezolanos involucrados. El episodio confirma que México no era un simple sobrevuelo, sino un punto operativo real dentro de la red.

También se describe el flujo de dinero del narcotráfico generado en México hacia Venezuela, incluso mediante vuelos privados protegidos por cobertura diplomática. México aparece así no solo como ruta de la droga, sino como fuente de recursos financieros del sistema criminal.

Hasta aquí, el documento no acusa al gobierno mexicano ni a funcionarios específicos. Pero el problema político aparece cuando se observa el marco temporal. La acusación cubre hechos hasta 2024 y 2025, es decir, pleno periodo de gobiernos de Morena. Cuando el texto afirma que hoy el narcotráfico sigue fluyendo gracias a la corrupción en países como México, deja implícito que el fenómeno continúa bajo las administraciones actuales.

Esto abre un flanco directo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para la presidenta Claudia Sheinbaum. No porque el expediente los señale por nombre, sino porque refuerza la narrativa internacional de que los cárteles mexicanos no han sido contenidos, sino que se han fortalecido. Para los críticos, el documento dialoga de manera incómoda con la política de “abrazos, no balazos” y con la expansión territorial del crimen organizado.

A esto se suma un elemento aún más sensible: la relación política de México con el régimen de Maduro. Mientras Estados Unidos acusa formalmente a Maduro de narco-terrorismo, México ha mantenido una postura de reconocimiento, diálogo y ausencia de condena firme. Esa posición coloca al gobierno mexicano en una zona gris diplomática, difícil de sostener cuando el principal socio comercial y de seguridad presenta a Maduro como líder de una red criminal transnacional.

El expediente incluye además un dato explosivo: los cárteles mexicanos ya son tratados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto eleva el conflicto de nivel. México es gobernado por un partido que enfrenta en su territorio a organizaciones consideradas terroristas por Washington. Cualquier omisión, resistencia o cooperación limitada se vuelve políticamente costosa.

En el fondo, esta acusación no es solo un proceso penal contra Venezuela. Es una advertencia geopolítica. Le da a Estados Unidos argumentos legales y políticos para incrementar presión sobre México en extradiciones, control de puertos y aeropuertos, inteligencia financiera y cooperación militar. También deja material listo para ser usado en el debate público, en campañas y en foros internacionales.

La conclusión es incómoda pero inevitable: México no está en el banquillo de los acusados, pero sí aparece en el expediente. Como ruta, como nodo, como territorio donde la corrupción hace posible el narco global. Y eso, en el contexto actual, coloca al gobierno de Morena bajo una lupa internacional mucho más severa, con costos políticos que apenas comienzan a sentirse.

Fuente: Acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

Aquí tienes las Top 20 cuestiones específicas que la acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU. menciona o implica directamente sobre México, basadas estrictamente en el contenido del documento (sin interpretación externa):

Top 20 señalamientos del documento sobre México

• México es identificado como país clave de tránsito de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos.

• La acusación señala que la droga cruza México de manera sistemática, no esporádica.

• México forma parte de los puntos de transbordo estratégicos, junto con Honduras y Guatemala.

• El documento afirma que sin corrupción en países como México, el tráfico masivo sería imposible.

• Se menciona una “cultura de corrupción política” en países de tránsito, incluido México.

• Autoridades en esos países, entre ellos México, reciben pagos del narcotráfico para permitir el paso de cargamentos.

• El Cártel de Sinaloa es señalado como socio operativo dentro de la red internacional.

• Los Zetas / Cártel del Noreste, de origen mexicano, participan en el control de rutas hacia EE. UU.

• Los cárteles mexicanos reciben cocaína proveniente de Venezuela para su traslado y distribución.

• México aparece como territorio donde se consolidan las rutas finales rumbo a la frontera estadounidense.

• Se documenta el caso del avión DC-9 con más de 5.5 toneladas de cocaína asegurado en Campeche.

• Tras ese decomiso en México, hubo pagos de sobornos millonarios para evitar consecuencias políticas.

• El episodio de Campeche confirma que México no era solo un país de paso aéreo, sino un punto operativo.

• El documento describe flujo de dinero del narcotráfico desde México hacia Venezuela.

• Parte de ese dinero se movía mediante vuelos privados con cobertura diplomática vinculados a México.

• México es señalado como territorio donde se concentran ganancias del narcotráfico internacional.

• La red criminal usa rutas mexicanas para conectar Centroamérica con Estados Unidos.

• La operación descrita se mantiene hasta 2024–2025, lo que implica vigencia actual en territorio mexicano.

• Los cárteles mexicanos mencionados ya son considerados organizaciones terroristas por EE. UU.

• La acusación deja implícito que el sistema sigue funcionando porque las rutas en México siguen activas.