La crisis migratoria en la frontera norte de México podría intensificarse en los próximos años, especialmente con la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En recientes declaraciones, Trump aseguró que no sería un dictador, “excepto por el Día 1”, refiriéndose a las medidas drásticas que planea implementar de inmediato si regresa al poder. Entre sus prioridades están cerrar la frontera, iniciar deportaciones masivas de migrantes, revertir políticas de la administración Biden y reestructurar el gobierno federal.

Estas declaraciones han generado preocupación en Baja California, un estado que ya enfrenta grandes retos por su ubicación estratégica como puerta de entrada para quienes buscan llegar a Estados Unidos y como lugar de retorno para los migrantes deportados. Con 44 albergues actualmente en funcionamiento, principalmente para migrantes en tránsito, las autoridades locales ahora buscan fortalecer su capacidad para atender a un nuevo flujo de repatriados.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció la construcción de ocho albergues diseñados exclusivamente para mexicanos deportados: cinco en Tijuana y tres en Mexicali. Estos nuevos espacios estarán destinados a diferentes grupos, incluyendo núcleos familiares, mujeres que viajan solas, hombres, adolescentes no acompañados y menores de edad. Además, estarán separados de los albergues existentes para migrantes en tránsito, garantizando atención específica y evitando la saturación de los recursos actuales.

Según José María García, director de Alianza Migrante Tijuana, esta iniciativa es un paso importante, pero no suficiente. Subrayó que las organizaciones de la sociedad civil han sido los primeros respondientes a la crisis migratoria durante años y necesitan apoyo financiero para continuar con su labor. Además, señaló los desafíos logísticos y operativos que este proyecto representa para las autoridades locales, ya que el impacto de una política migratoria más agresiva en Estados Unidos podría desbordar la capacidad de respuesta en Baja California.

El contexto actual es complejo. Durante la administración Trump, las deportaciones y las restricciones fronterizas marcaron un antes y un después en la relación migratoria entre ambos países. Si bien su promesa de deportaciones masivas y cierre de la frontera no se concretó en su totalidad, los efectos de sus políticas se sintieron profundamente en comunidades como Tijuana y Mexicali. Ahora, con sus renovados planes de acción, existe la preocupación de que estas ciudades vuelvan a ser el principal punto de presión en la frontera.

Estos nuevos albergues representan una oportunidad para ofrecer una respuesta más digna y organizada a los migrantes repatriados, pero también dejan en evidencia los enormes retos que enfrentará Baja California si las tensiones migratorias aumentan en los próximos años.

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