La XXV Legislatura de Baja California aprobó una reforma al Código Civil que cambia de fondo las reglas del arrendamiento habitacional en el estado. El Decreto 181, publicado el 12 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial, establece que los incrementos a la renta sólo podrán aplicarse al término del contrato y no podrán exceder la inflación acumulada del periodo inmediato anterior, con un límite máximo del 10 por ciento.

La reforma, presentada como una medida de orden público e interés social, busca frenar prácticas abusivas en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más precario, particularmente en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde la presión inmobiliaria, la demanda binacional y la dolarización de facto del mercado han empujado las rentas muy por encima del crecimiento salarial.

Además, se reconoce el derecho del arrendatario a una prórroga de hasta un año una vez vencido el contrato, siempre que esté al corriente en pagos y servicios. El arrendador, por su parte, sólo podrá aumentar la renta hasta en un 10 por ciento si demuestra que en la zona hubo un alza generalizada posterior a la firma del contrato. En todos los casos de vivienda, prevalecerá el criterio de inflación como techo.

Desde la óptica de República de Baja California, la reforma tiene una lectura clara: el Congreso decidió intervenir directamente en el mercado de arrendamiento para contener un problema social real. El encarecimiento de la vivienda ya no es un fenómeno aislado; está ligado a la migración interna, al flujo binacional, a la llegada de trabajadores remotos y a un rezago histórico en políticas de vivienda asequible. El Estado decidió poner un freno.

Sin embargo, el alcance de esta decisión no es menor. Al declarar estas disposiciones como irrenunciables, se limita la libertad contractual y se envía una señal clara a propietarios e inversionistas. En el corto plazo, el beneficio para inquilinos es evidente. En el mediano y largo plazo, el riesgo es que algunos propietarios opten por retirar inmuebles del mercado formal, endurecer requisitos o trasladar costos por otras vías, como contratos más cortos o mayores depósitos.

El contexto binacional es clave. Baja California no compite sola: compite con California, donde las rentas son más altas pero los ingresos también. Regular sin una política integral de vivienda, incentivos fiscales o estímulos a la oferta puede generar distorsiones. El control de precios, sin expansión de oferta, suele tensionar los mercados.

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación y no afecta contratos vigentes hasta su conclusión, pero sí aplicará en renovaciones o nuevos contratos. Es decir, el cambio ya está en marcha.

El fondo del debate no es jurídico, sino político y social: ¿puede Baja California seguir dejando el acceso a la vivienda al puro juego del mercado en una región fronteriza altamente presionada? El Congreso respondió que no. Ahora toca observar si esta medida será un primer paso hacia una política de vivienda más amplia o sólo un dique temporal ante una ola que sigue creciendo.

Una reforma con sello político: Cantón, Morena y el cálculo rumbo a Mexicali

Detrás de la iniciativa está el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, legislador de Morena, joven, con proyección política y cercano al círculo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. En los hechos, esta reforma también se lee como una jugada de posicionamiento: una medida socialmente popular, fácil de comunicar y con alto impacto entre sectores urbanos presionados por el costo de la vivienda, particularmente en Mexicali. Cantón ha sido mencionado de forma recurrente como un posible aspirante a la alcaldía, y el control a las rentas le permite construir un perfil de “defensor del derecho a la vivienda”.

No obstante, el mismo movimiento genera resistencias claras entre empresarios, desarrolladores y cámaras inmobiliarias, que ven en la reforma una intervención directa al mercado y una señal de incertidumbre jurídica. La polarización es previsible: aplausos del lado social, cuestionamientos del lado económico.

El tiempo dirá si el rédito político supera los costos estructurales.