Por: Obed Silva

En la semana que concluye aconteció un hecho de la mayor trascendencia, al que los medios de comunicación le dieron poca importancia, como si fuera algo común.

Me refiero a la anulación de la elección de munícipes para designar el primer Ayuntamiento del Municipio de San Felipe.

El único antecedente de tal acontecimiento sucedió hace 56 años cuando, en un contexto muy distinto, fueron anuladas las elecciones para presidentes municipales de Tijuana y Mexicali.

La anulación de las elecciones a las que hago referencia, se llevó a cabo en 1968 y fue el resultado de una dura contienda entre un hegemónico Pri contra los candidatos del Pan; Norberto Gil Samaniego en Mexicali y Luis Enrique Enciso Clark en Tijuana.

Cobra relevancia dejar asentado que estamos hablando de los tiempos de un férreo control de los gobiernos priistas sobre los procesos electorales y que en ese entonces no existía, ni por asomó, un órgano electoral autónomo, un padrón confiable y mucho menos, un procedimiento transparente para conformar casillas y obtener resultados objetivos, como lo tenemos hoy.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, las causales que llevaron a determinar la nulidad de la elección municipal en el séptimo municipio del Estado, son gravísimas pues atentan contra los principios rectores del proceso electoral y podrían constituir delitos electorales.

Tal y como quedó constancia en la sentencia, en 26 de 27 las casillas instaladas en el puerto ubicado en el mar de Cortez, hubo irregularidades suficientes para decretar la anulación total de la elección.

Hay que destacar que en el cúmulo de la resolución se marca como un hecho por demás relevante, la actuación del auxiliar electoral del IEE que entregó paquetes electorales abiertos, trasladó dichos paquetes violando la cadena de custodia y falsificó los datos asentados en las actas respectivas.

Aquí surgen las siguientes interrogantes; ¿qué fue lo que motivó al auxiliar electoral para actuar de esa manera? y, ¿quién influyó en él para provocar dicha conducta?

De igual forma resulta grave la responsabilidad del Consejo General del IEE pues al no existir Consejos Municipales que lleven a cabo los cómputos de la elección de munícipes, este órgano asume dicha función y debido identificar las dañinas irregularidades que ahora señala
el Tribunal Electoral.

Lo acontecido en San Felipe es un nuevo reto para nuestra democracia pues muestra el larguísimo trecho que aún nos falta recorrer para contar con procesos electorales 100% confiables.

El asunto ya fue turnado a la Fiscalía Electoral que deberá llevar a cabo una exhaustiva investigación a fin de deslindar responsabilidades, determinar si se cometieron delitos y quiénes podrían ser los presuntos responsables.

Tanto la acción del Tribunal Electoral como de la Fiscalía Especializada es fundamental pues el hecho de que los presuntos delitos cometidos pudieran quedar impunes, por la injerencia de actores políticos, vulneraría aún más nuestra débil democracia.

Para el perfeccionamiento de los futuros procesos electorales, es indispensable ejecutar acciones que inhiban la injerencia de actores políticos en los órganos electorales, combatir conductas delictivas y erradicar a los mapaches electorales que siguen actuando dentro de los partidos políticos.

NOMAS POR JODER:

En el ámbito de la política hay personas con un ego tan, tan grande, que no agradecen lo que reciben pues piensan que merecen más.