Un reporte actualizado al tercer trimestre de 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revela que cinco municipios concentran 22.8% de la deuda pública municipal de México, con un total de 6,455 millones de pesos de compromisos contraídos a nivel local. Dentro de ese ranking figura Mexicali, capital de Baja California, con 886 millones de pesos en deuda, colocándose entre las ciudades más endeudadas del país junto a Hermosillo, Monterrey, León y Guadalajara. 

Este dato es relevante para Baja California por varias razones: primero, Mexicali no es una ciudad menor en clave económica o administrativa —es la capital estatal con uno de los PIB per cápita más altos del noroeste de México y motor de sectores como industria, servicios y turismo médico—, lo que hace que la gestión de su deuda influya directamente en la percepción de la salud financiera de la región. 

A nivel nacional, la deuda municipal total sumó 28,296 millones de pesos al cierre de septiembre de 2025, aunque muestra una reducción interanual de 6.4% en términos reales, lo que indica cierta disciplina fiscal desde la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera.  No obstante, la concentración de estos pasivos en pocos municipios plantea preguntas sobre cómo se están utilizando esos recursos y si están ligados a gasto productivo o más bien a obligaciones de corto plazo.

Para un estado fronterizo como Baja California, que enfrenta retos de competitividad, infraestructura y atracción de inversión, el endeudamiento de Mexicali debe verse con lupa. Si bien el monto no está entre los más altos del país, su presencia en este top 5 obliga a preguntarse si la expansión de servicios, la infraestructura urbana o los compromisos financieros estaban bien calibrados frente a los ingresos futuros, especialmente en un entorno económico que no muestra un crecimiento vigoroso. 

Además, dado que en más del 90% de los casos la deuda municipal está garantizada con participaciones federales, existe un riesgo implícito de que cualquier contracción en las transferencias pueda afectar las finanzas locales y limitarlas para inversión en seguridad, servicios urbanos o desarrollo económico. 

En ese contexto, desde Baja California es urgente un debate público sobre la sostenibilidad fiscal de los municipios, la prioridad de gasto y la transparencia en la contratación de deuda, así como una evaluación clara de cómo estos pasivos contribuyen (o no) a mejorar la calidad de vida de los habitantes sin hipotecar decisiones futuras.