La Secretaría de la Defensa Nacional ascendió al secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, al grado de General de Brigada del Estado Mayor, en una ceremonia realizada en la Ciudad de México. Hasta antes de este nombramiento, Carrillo tenía el rango de General Brigadier, grado con el que asumió la dirección de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en enero de este año. El ascenso no es un movimiento menor dentro de la jerarquía militar, y adquiere especial relevancia porque ocurre mientras el funcionario se encuentra en funciones y encabezando la estrategia de seguridad en uno de los estados más complejos del país.
Convertirse en General de Brigada implica un salto significativo en la estructura de mando, un reconocimiento que SEDENA otorga solo a perfiles con disciplina, mérito y resultados comprobados. Más allá del honor militar, significa que el titular de la seguridad estatal ingresa a un nivel de contacto y decisión más cercano al Estado Mayor, con mayor influencia en la coordinación nacional, acceso directo a información estratégica y capacidad reforzada para gestionar operativos conjuntos. En la práctica, esto se traduce en más peso político y operativo para Baja California dentro del esquema federal de seguridad.
El ascenso llega en un momento particularmente delicado para el estado. Aunque la violencia se ha estabilizado en algunos indicadores, Baja California sigue siendo un punto de presión nacional: Tijuana mantiene cifras altas de homicidios, Ensenada ha registrado episodios de violencia de alto impacto y Mexicali se ha convertido en un corredor donde distintos grupos criminales buscan operar con control logístico. En este contexto, que SEDENA eleve el rango del funcionario responsable de la seguridad estatal puede interpretarse como un mensaje de confianza en su desempeño y una señal de que la federación respalda lo que se está haciendo en el estado.
También es un gesto político en un momento donde las lecturas importan. La administración de Marina del Pilar ha construido su estrategia de seguridad alrededor de la FESC, y el ascenso de Carrillo fortalece esa apuesta, le otorga mayor legitimidad y refuerza la coordinación entre el estado y la federación. Al interior de la corporación, el efecto es igualmente importante: envía un mensaje de institucionalidad, disciplina y profesionalización a los elementos operativos, y reafirma la figura del secretario como un mando con reconocimiento nacional, no solo estatal.
Un ascenso de este nivel no se concede a la ligera, especialmente cuando se trata de un funcionario que opera en un terreno donde la violencia, la presión social y el escrutinio público son constantes. Por eso, más allá de la ceremonia y el acto protocolario, el movimiento reacomoda piezas dentro del tablero de seguridad en Baja California. Eleva la interlocución del estado ante los mandos militares, amplía el margen de maniobra institucional y coloca a Carrillo como un actor con mayor peso en la estrategia regional.
En un país donde el crimen organizado representa el reto más profundo para la seguridad pública y donde Baja California es una frontera clave, tener al frente de la estrategia estatal a un General de Brigada no es una formalidad ni una anécdota militar: es una decisión que refleja alineación política, confianza operativa y la necesidad de fortalecer, desde el mando, la capacidad del estado para enfrentar uno de los problemas más complejos del país.
