Importancia de una Reforma sobre las Subcontrataciónes en Baja California

 

Introducción: La Necesidad de un Nuevo Marco de Responsabilidad en el Gasto Público

La subcontratación de funciones y servicios por parte de las entidades gubernamentales, aunque en ocasiones necesaria, se ha convertido en una vía recurrente para el uso ineficiente, discrecional e indebido de los recursos públicos en Baja California. Prácticas que derivan en sobrecostos, opacidad y una notable pérdida de control institucional han debilitado la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de manera directa y responsable. Ante este panorama, resulta de importancia estratégica establecer un marco jurídico robusto que garantice que el gasto público se ejecute con base en principios de eficiencia, austeridad y responsabilidad directa de los servidores públicos.

El propósito central de este informe es, en primer lugar, diagnosticar las prácticas de subcontratación indebida que sistemáticamente generan sobrecostos y abren la puerta a la corrupción. En segundo lugar, presentar la iniciativa de reforma elaborada por el Observatorio República de Baja California como una solución integral y estructurada para erradicar estos esquemas. Esta propuesta busca eliminar las estructuras donde intermediarios privados sustituyen a las áreas gubernamentales en la ejecución de tareas inherentes a la función pública, con el fin de restaurar la integridad del erario.

A continuación, se presenta un análisis detallado de las malas prácticas identificadas y los mecanismos específicos a través de los cuales perjudican el patrimonio del Estado.

 

Diagnóstico: Mecanismos de la Subcontratación Indebida y sus Consecuencias

Para formular una solución efectiva, es indispensable diagnosticar con precisión los mecanismos específicos a través de los cuales la subcontratación indebida perjudica al erario. Estas prácticas, a menudo presentadas bajo el argumento de una supuesta “modernización administrativa”, han demostrado en la práctica ser una fuente de filtraciones financieras, pérdida de control institucional y un debilitamiento de la capacidad operativa del gobierno. Las modalidades más perniciosas identificadas son las siguientes:

 

El Pago por Porcentaje: Un Incentivo para el Gasto Ineficiente

Uno de los esquemas más dañinos es la contratación de empresas externas que cobran comisiones o porcentajes sobre los montos gestionados o recuperados. Este modelo transfiere funciones inherentes al gobierno a intermediarios privados, generando un incentivo perverso que no se alinea con el interés público. Los casos más notorios de estapráctica incluyen:

• Gestión de recursos federales: Se contratan despachos para “bajar” fondos federales, pagándoles un porcentaje del monto obtenido, cuando esta es una función intrínseca de los servidores públicos.

• Cobranza de impuestos y derechos: Se externaliza el cobro de contribuciones como el predial o los derechos de agua a empresas que retienen una comisión, en lugar de fortalecer las capacidades de los organismos recaudadores del Estado.

• Gestión de devoluciones de impuestos: Se recurre a intermediarios para gestionar devoluciones fiscales (ISR, nómina), una práctica que no solo representa un costo innecesario, sino que fomenta activamente la opacidad y la corrupción.

Este modelo despoja al gobierno de sus funciones primordiales y crea una dependencia de actores externos cuyo principal interés es maximizar su comisión, no la eficiencia del servicio público. Este esquema de incentivos perversos es abordado directamente por la propuesta a través de la prohibición explícita de pagos por comisión (Artículo 2) y la obligación de ejecución pública directa de la cobranza (Artículo 3).

 

Contratación de Intangibles: Una Vía para la Opacidad y el Desvío

La subcontratación de servicios intangibles, como consultorías, asesorías o gestiones especializadas, representa un riesgo significativo para el erario. Desde una perspectiva de finanzas públicas, su problemática radica en la asimetría de información —el contratista posee un conocimiento especializado que la entidad pública no tiene— y en la dificultad de establecer métricas de desempeño objetivas. Debido a su falta de materialidad, la comprobación de su ejecución real y de su valor agregado es sumamente compleja, lo que hace que la auditoría y la rendición de cuentas sean casi imposibles. Históricamente, este tipo de contratos se ha utilizado como un vehículo para el desvío de recursos públicos, pues permite justificar grandes erogaciones sin que exista un entregable verificable o un impacto medible en la gestión gubernamental. Para contrarrestar esta opacidad, la iniciativa impone requisitos estrictos de acreditación y verificación para la contratación de estos servicios (Artículo 5).

 

Arrendamientos Innecesarios: El Desaprovechamiento del Patrimonio Público

Otra práctica recurrente es el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sin un análisis previo que demuestre su necesidad y eficiencia económica frente a otras alternativas. Esto incluye:

• Arrendamiento de inmuebles: Contratar oficinas o espacios privados existiendo edificios públicos disponibles o subutilizados.

• Arrendamiento de bienes muebles: Rentar flotillas de patrullas, camiones de basura, luminarias o unidades para caravanas médicas, sin un estudio comparativo riguroso que demuestre que esta modalidad es más eficiente que la adquisición y operación directa por parte del Estado.

Esta práctica no solo conduce a gastos continuos y a menudo innecesarios, sino que también impide la consolidación del patrimonio público y desaprovecha la infraestructura existente. La reforma ataca esta ineficiencia prohibiendo el arrendamiento de inmuebles cuando existan opciones públicas (Artículo 4) y exigiendo un análisis de costo-beneficio riguroso para todos los demás arrendamientos (Artículo 6).

El diagnóstico de estas problemáticas estructurales evidencia la urgencia de una reforma legislativa que establezca límites claros y devuelva la responsabilidad de la gestión al ámbito público.

 

Presentación de la Iniciativa: Un Marco Jurídico para la Eficiencia y la Integridad

Como respuesta directa y estructurada a las problemáticas diagnosticadas, el Observatorio República de Baja California ha elaborado la “Iniciativa para Evitar la Subcontratación Indebida y el Uso Ineficiente de Recursos Públicos”. Esta propuesta legislativa está diseñada para establecer un marco jurídico claro y restrictivo que impida el uso de esquemas de subcontratación que han demostrado ser perjudiciales para las finanzas públicas y la integridad gubernamental.

La meta principal de la iniciativa es eliminar los esquemas donde intermediarios, empresas o despachos sustituyen a las áreas gubernamentales en la realización de tareas inherentes a la función pública. Al hacerlo, se busca que el Estado recupere plenamente su capacidad operativa, fortalezca sus instituciones y, en consecuencia, restaure la confianza ciudadana en la administración de los recursos que le pertenecen a la sociedad.

A continuación, se detallan los componentes clave que conforman esta propuesta de reforma integral.

4. Componentes Clave de la Propuesta Legislativa

La fortaleza de esta iniciativa reside en su enfoque integral, que no solo define principios generales, sino que establece objetivos claros, un articulado específico y un plan de armonización con el marco legal vigente para garantizar su correcta implementación y efectividad.

A continuación se presentan sus siete objetivos específicos:

1. Evitar la contratación de empresas o despachos para gestionar recursos públicos cobrando un porcentaje, función que debe realizar el propio gobierno a través de sus funcionarios.

2. Prohibir la contratación de empresas para cobranza (predial, agua, derechos u otros) que perciban comisiones o porcentajes, garantizando que sean los organismos públicos quienes ejecuten directamente estas tareas.

3. Impedir la contratación de intermediarios o redes privadas para gestionar devoluciones de impuestos, particularmente en materia de ISR y nómina, práctica que fomenta la corrupción y la opacidad.

4. Eliminar el arrendamiento innecesario de inmuebles cuando existan bienes públicos disponibles, promoviendo la optimización de la infraestructura estatal.

5. Evitar la subcontratación de servicios intangibles de difícil comprobación o materialidad, que han servido históricamente como vías para el desvío de recursos.

6. Restringir el arrendamiento de bienes muebles (patrullas, camiones de basura, luminarias, caravanas médicas, etc.) sin un análisis comparativo que demuestre que es más eficiente que la operación directa del Estado.

7. Prohibir el uso de intermediarios para generar fondos o adquisiciones que el gobierno puede realizar directamente, asegurando transparencia y ahorro.

Alcance Normativo y Armonización Legal

Para asegurar su plena integración y efectividad, la propuesta busca armonizar y fortalecer las siguientes disposiciones legales del Estado de Baja California:

• Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

• Ley de Hacienda del Estado.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

• Código Penal del Estado (para tipificar subcontrataciones indebidas con daño patrimonial).

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

La descripción de este marco normativo subraya la necesidad de una reforma transversal, cuyo impacto y mecanismos de sanción se analizan a continuación.

 

Impacto Esperado y Mecanismos de Sanción

Una propuesta legislativa es tan fuerte como su capacidad para generar un impacto tangible y establecer consecuencias claras para su incumplimiento. La presente iniciativa está diseñada no solo para prohibir prácticas nocivas, sino para transformar la cultura de la gestión pública, asegurando su efectividad a través de un sólido mecanismo de rendición de cuentas.

El impacto positivo esperado de esta reforma es multifactorial. En primer lugar, se proyecta una optimización significativa del gasto público al eliminar intermediarios y comisiones innecesarias, liberando recursos que podrán ser destinados a áreas prioritarias. En segundo lugar, se espera la recuperación del control institucional sobre funciones estratégicas como la recaudación y la gestión de fondos, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado. Finalmente, la iniciativa fomenta un modelo de gobierno más austero, responsable y transparente, elementos clave para reconstruir la confianza ciudadana.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la propuesta establece un mecanismo de sanción robusto y disuasorio. El Artículo 10 del articulado propuesto es explícito al señalar que el incumplimiento de estas normas será considerado una falta administrativa grave.

Las consecuencias para los servidores públicos que incurran en estas prácticas podrán incluir:

• Suspensión del cargo.

• Inhabilitación para ejercer funciones públicas.

• Destitución.

• Responsabilidad patrimonial directa para resarcir el daño causado al erario.

Este enfoque punitivo asegura que la decisión de subcontratar de manera indebida no sea una opción sin consecuencias, obligando a los funcionarios a priorizar siempre la gestión directa y eficiente de los recursos públicos.

 

Conclusión: Hacia un Modelo de Gestión Pública Directa y Responsable

El análisis presentado demuestra que la subcontratación indebida no es un problema aislado, sino un obstáculo estructural para la eficiencia, la transparencia y la integridad del gobierno en Baja California. Los esquemas basados en comisiones, la contratación de intangibles no verificables y los arrendamientos innecesarios representan fugas sistemáticas de recursos públicos que debilitan al Estado y merman la confianza ciudadana.

La iniciativa de reforma impulsada por el Observatorio República de Baja California constituye más que una simple corrección administrativa; representa un paso estratégico hacia un cambio fundamental en la filosofía de la gestión pública estatal. Propone una transición de un modelo basado en la delegación y la intermediación hacia uno de responsabilidad directa y fortalecimiento de la capacidad estatal. Al establecer prohibiciones claras, obligar a la justificación técnica de cualquier externalización y fijar sanciones severas, esta propuesta busca garantizar que el Estado actúe como el principal y más eficiente gestor de los recursos encomendados por la sociedad.

En última instancia, el objetivo es consolidar un modelo de gobierno que priorice la ejecución directa y responsable. Con esta propuesta, República de Baja California reafirma su compromiso con un gasto público eficiente, ético y bajo control gubernamental directo.