millones de pesos que el consumidor pagó, pero nunca llegó al erario.

Si algo ha quedado claro es que el huachicol en México no siempre significó ductos perforados y tomas clandestinas. En los últimos años, la modalidad más extendida ha sido el huachicol fiscal, consistente en introducir combustible ilegal al país mediante contrabando, subvaluaciones e importaciones simuladas.

Ese combustible terminaba llegando a las gasolineras, donde se vendía al público al mismo precio que el legal, incorporando dentro del litro el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El consumidor cumplía su parte y pagaba el gravamen, pero el dinero nunca se enteraba al fisco.

La razón es sencilla: al provenir del mercado negro, las estaciones involucradas manejaban doble contabilidad. Una para aparentar operaciones legales ante el SAT, y otra donde el IEPS cobrado se desviaba como ganancia ilícita. Este esquema sugiere la complicidad de autoridades aduaneras y fiscales, ya que durante años resultó imposible que millones de litros circularan sin ser detectados.

El daño fue doble: por un lado, el Estado dejó de recibir ingresos legales por la importación de combustibles; por el otro, perdió los recursos del IEPS que sí fueron cobrados a los consumidores pero que nunca llegaron a las arcas públicas.

Se estima que millones de litros de huachicol fiscal se distribuyeron en el país, lo que equivale a miles de millones de pesos en IEPS desviados. Dinero que debió destinarse a carreteras, salud, educación o infraestructura, terminó engrosando las ganancias de gasolineros y redes de contrabando.

Por ello, los gasolineros y el propio SAT se ha dado a conocer que también pueden estar en la mira. Las estaciones que se prestaron a la operación cargaron un impuesto al consumidor que nunca reportaron; y las autoridades fiscales, responsables de vigilar el ingreso y la facturación del combustible, no pudieron —o no quisieron— detectar la evasión sistemática.

El huachicol fiscal, más allá de ser contrabando de combustible, se convirtió en un robo fiscal estructurado, en donde el consumidor fue víctima silenciosa: pagó un impuesto que jamás cumplió su función social.